En los últimos años el Estado español adolece de consensos en lo que a políticas públicas se refiere. Esta circunstancia está impidiendo que en el imaginario colectivo europeo se consolide un modelo de Estado del Bienestar que prestigie la tan cacareada «Marca España», aumente la cultura social de lo público y motive a la población, en un momento tan delicado, en la defensa de los servicios públicos construidos en las últimas décadas.
Los principios que emanan de la Constitución Española y el acuerdo social en favor de unos servicios públicos potentes no se han traducido en un modelo definido que haya posicionado a España como un referente mundial. Los intereses particulares de los principales partidos del escenario político español y una deficiente -en realidad confusa- cultura de lo público han contribuido a los continuos cambios legislativos que se han producido en los últimos años en relación a pilares del Estado del Bienestar como el sistema educativo, el fomento del deporte o los diferentes modelos de gestión de la sanidad de las comunidades autónomas.
Resulta paradójico que, antes de que el país cayera en la Gran Recesión, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los españoles no se viera acompañado por un fortalecimiento de las políticas públicas generales que configuran ese «Estado Social y de Derecho» del que habla la Constitución española vigente. Al contrario que en Escandinavia y en otras regiones del mundo, el éxito económico español no ha generado una mayor confianza de los ciudadanos en las políticas públicas, ni en la construcción de consensos políticos en relación a éstos.
En primer lugar, hay que indicar que, a pesar de la férrea defensa del régimen constitucional del 78 y de las coincidencias en la orientación económica que en ocasiones han caracterizado a los dos partidos mayoritarios –Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español-, en las dos legislaturas que mayor crecimiento económico experimentó la nación (la segunda de José María Aznar y la primera de José Luis Rodríguez Zapatero), el panorama político se impregnó de una sobreactuada e innecesaria crispación política que no se correspondió con el clima social que se vivía en el país. Por desgracia, casi una década después estas confrontaciones pseudopolíticas basadas en intereses partidistas cortoplacistas han lastrado el desarrollo de políticas públicas fundamentales para la consolidación de nuestro Estado del Bienestar, lo que, sin duda, habría contribuido a que los españoles más desfavorecidos pudieran resistir mejor a los embates de esta sempiterna crisis económica. Nos referimos, especialmente, a la inestabilidad de nuestro modelo educativo.
Las vicisitudes políticas no han sido el único el único motivo de esa oportunidad pérdida para nuestras políticas públicas que supusieron los años de boom económico. La «cultura del pelotazo» ha crecido indistintamente con los gobiernos de unos y otros en detrimento de la cultura de lo público. Desde las administraciones públicas y desde las entidades más representativas se ha hecho muy poca pedagogía en favor de una sociedad civil que defienda los servicios públicos y deje sus diferencias a un lado para poder acordar políticas públicas esenciales para el progreso de la nación.
Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Más bien al contrario. Los españoles tenemos la ocasión de aprovechar esta dura situación económica para replantearnos la necesidad de que los gobiernos y la oposición consensúen decisiones públicas sobre temas fundamentales para nuestro modelo de convivencia que sean más transparentes, negociadas, responsables y compartidas.
Fuente de la imagen: eldiario.es